Por: Humberto Vacaflor
n militante masista se suicidó para no sufrir la vergüenza de las investigaciones que deben establecer las responsabilidades de quienes manejaron 1.000 millones de dólares en el gobierno de Evo Morales para el proyecto de explotación del litio.
En una dramática carta que dejó al país y a su familia, Juan Carlos Montenegro pidió disculpas por lo que estaba a punto de hacer y dijo que había trabajado con patriotismo en el proceso de compra de piscinas de evaporación para el proyecto.
Montenegro dijo que lo hacía para defender su dignidad, a las pocas horas de que Luis Alberto Echazú, su jefe en el proyecto, y responsable del millonario negociado, fue beneficiado con detención domiciliaria.
Un masista se suicida y otro se beneficia con detención domiciliaria, gracias al manejo que tiene el MAS del sistema judicial. Se nota ahora, en este momento dramático, que no todos los masistas se benefician del control de los jueces que tiene el partido.
Resulta difícil adivinar lo que ocurra cuando otros casos de malas inversiones públicas, mezclados con negociados y corrupción, se den a luz y otros masistas sean señalados como responsables.
El caso de Echazú podría dar la clave para entender que los masistas que ocuparon cargos importantes, como presidente, vice y todo lo demás no tiene garantizada la protección del aparato judicial cautivo.
El país podría estar ante una posible seguidilla de suicidas que llegan a ese momento tan duro porque estuvieron envueltos en casos de corrupción, que fueron cientos durante el gobierno del cocalero Morales.
Y vendrían luego los casos de los masistas que cometieron ese tipo de hechos ya en el gobierno de Luis Arce, como señalan los seguidores del cocalero, acusando incluso a los hijos del actual presidente.
Para el país habrá quedado, sin embargo, la imposible tarea de recuperar los miles de millones de dólares malgastados por los funcionarios que estuvieron a cargo de proyectos en los que debían tomar decisiones sobre grandes inversiones.
El hecho del litio se produce cuando la planta de urea de Bulo Bulo está parada, donde el país también invirtió 1.000 millones de dólares.
Sólo estos dos proyectos representan 2.000 millones de dólares, y quedan por contabilizar otros casos, como la planta separadora de gas de Yacuiba, que costó 700 millones de dólares y que está parada, como ocurre con la planta de gas natural licuado, que costó 250 millones de dólares y que ni siquiera fue estrenada.
Todo indica que esto no es solamente la agonía del litio, sino del país, cuyo destino cayó en las manos de un partido con militantes sin escrúpulos para los que el tamaño de la comisión es la máxima prioridad.
Via: El Diario
