Al menos 113 altos dirigentes de empresas mineras estatales al interior de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) están declarados en comisión, es decir, perciben un salario pero no desarrollan sus actividades asignadas por atender asuntos sindicales.
El dato surgió de una petición de informe realizado por los senadores Centa Rek y Henry Montero (Creemos), quienes verificaron que existen 166 dirigentes sindicales que perciben sueldo del Estado, de los cuales el 68% está declarado en comisión.
Según el informe, la Empresa Minera Huanuni es la que más “aporta” con dirigentes en Comibol, 69 en total (41%), le sigue la Empresa Minera Colquiri, con 28 dirigentes, mientras que la Empresa Minera Quechista lo hace con 20 dirigentes.
Figuran también dirigentes de las empresas Coro Coro, y las metalúrgicas Karachipampa y Vinto, con representación en Comibol.
De acuerdo con el Artículo 97 del Decreto Supremo N° 22407, “los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), centrales obreras departamentales (COD), centrales obreras regionales (COR), confederaciones nacionales, federaciones nacionales y departamentales de trabajadores serán declarados en comisión, caso por caso, mediante resolución ministerial expresa, con goce del cien por ciento de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales”.
Comibol es la entidad estatal encargada de desarrollar la cadena productiva de la minería, “para contribuir en la generación de excedentes económicos aportando al desarrollo del país, con responsabilidad social y medioambiental.
De acuerdo con la escala salarial 2023 de Comibol, la planilla mensual de 391 funcionarios, asciende a Bs 1,98 millones, con un costo total anual de 23,82 millones.
Distintos analistas han observado que el Gobierno de Luis Arce ha fortalecido su acercamiento con los gremios sindicales mineros. El 5 de marzo posesionó como ministro del área a Alejandro Santos Laura, dirigente de los cooperativistas auríferos, sector que el año pasado protagonizó una protesta que paralizó a la ciudad de La Paz, en demanda de una ley para pagar menos impuestos y obligar a la entrega de más áreas de explotación.
Vía El Deber
