La difícil situación económica por la que atraviesan las entidades autónomas ha provocado que nuevamente pongan la mirada en los fondos retenidos por la Ley N°767 de “Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”, misma que retiene el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a gobernaciones, gobiernos municipales y universidades. En esa línea, desde Comunidad Ciudadana (CC) exigen tratar el proyecto de ley que abroga esta normativa, que fue presentado en septiembre del 2023 y a la fecha no fue tratado.
Aunque surgen voces que advierten que esta iniciativa es inviable, ya que el Gobierno supuestamente dispuso de esos fondos, aunque aún no haya resultados visibles.
Cabe mencionar que la iniciativa de exigir la devolución de los recursos confiscados por la Ley N°767, también conocida como la Ley del 12%, no es reciente. El 2020 ya la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM), un año después la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), seguido por la Gobernación de Tarija, habían elevado la voz pidiendo que esos recursos sean devueltos, situación que no tuvo eco en el nivel central.
Las gobernaciones
La semana pasada los gobernadores de todo el país sostuvieron una reunión en la ciudad de Sucre, donde establecieron una agenda con 10 puntos a tratar, consecuentemente coincidieron con la necesidad de pedir una reunión al presidente Luis Arce para abordar estos puntos, entre los que se encuentran la devolución de los fondos de la Ley del 12%.
En la oportunidad, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, detalló que los recursos retenidos por la Ley del 12% rondaban los 800 millones de dólares, de los cuales durante la pandemia se realizó una reposición parcial a las entidades autónomas, por lo que estiman que queda un saldo de 600 millones de dólares en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).
“Lo que necesitamos en este momento es liquidez, esa plata es nuestra, así que no le vamos a pedir un favor a nadie, es decir, dejen de confiscar nuestros recursos, dejen de retener nuestros recursos, entréguennos lo que por ley nos corresponde”, indicaba Montes.
Montes también había hecho referencia, que en estos últimos años el Gobierno ha transferido una serie de competencias a los niveles subnacionales, empero, no realizó una mayor asignación de recursos, y que ahora con la crisis que se registra a nivel nacional, se hace insostenible poder seguir manteniendo estas responsabilidades.
Abrogación del 12%
Adrián Vega: “Nuestra economía depende del ingreso de estos recursos económicos que se nos han confiscado”
En esa misma línea, el diputado por CC, Adrián Vega, validó el pedido de las entidades autónomas subnacionales que piden abrogar la Ley del 12%, más cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha mostrado resultados positivos, teniendo más de 12 proyectos fracasados con una pérdida que supera los 1.000 millones de dólares, sin que se descubra grandes cantidades de gas en territorio nacional.
Vega también ha cuestionado la falta de información por parte de YPFB en torno a la certificación de reservas.
“En ese sentido, yo quiero recordar a aquellos que se refieren a esta normativa, que el pasado 28 de septiembre del 2023, mi persona junto a otros parlamentarios, hemos presentado un proyecto de ley para derogar esta normativa, que a la fecha no ha sido tratada ni siquiera en la Comisión de Economía Plural e Industria”, reclamó.
Vega enfatizó que el 27 de noviembre del 2023 y este año, han vuelto a solicitar que se pueda dar viabilidad a esta normativa, sin haber tenido una respuesta. Sin embargo, se esperanzó que el 25 de junio, al conmemorar los 100 años del descubrimiento del pozo Bermejo X-3, el Gobierno Nacional pueda anunciar la abrogación de esta ley.
El diputado coincidió con la información proporcionada por el gobernador Montes, que se estiman que existe alrededor de 600 millones de dólares que han sido retenidos por concepto del 12%.
“Los más golpeados por esta normativa atentatoria somos los tarijeños, porque nuestra economía depende del ingreso de estos recursos económicos que se nos han confiscado, se nos han secuestrado. El día de hoy la situación económica no es la más favorable en ninguna parte del país, es por eso que solicitamos que se trate esta normativa inmediatamente y que esos recursos puedan devolverse”, manifestó.
Alcalde ve inviable la devolución del 12%
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, recordó que cuando asumió como titular de la AMB, han planteado en reiteradas ocasiones la misma iniciativa que ahora demandan las gobernaciones, pero que autoridades del Gobierno nacional negaron, bajo el argumento que estos fondos ya habían sido comprometidos para actividades de exploración petrolera.
Torres mencionó que desde hace tres años que se viene pidiendo al Gobierno negociar esta situación, ya que se avizoraba una crisis, y se vuelve urgente una mayor asignación de recursos para las entidades autónomas.
El Alcalde de Tarija indicó que actualmente el municipio apenas dispone de 40 millones de bolivianos para inversión, ya que lo demás está destinado a gastos recurrentes y gastos de funcionamiento.
Vía: EL PAÍS
