Compensación petrolera divide a las comunidades de Padcaya

Las comunidades del Distrito 11 del municipio de Padcaya, próximas a zonas de intervención petrolera, se han fracturado. Advierten que movidos por intereses económicos, algunos dirigentes pretenden establecer comunidades “indígenas” en zonas donde no solía existir habitantes, a fin de cobrar las compensaciones por la actividad hidrocarburífera.

Sandro Ramos, quien se identificó como secretario general de la comunidad de San Antonio, explicó que el convenio con el Ministerio de Hidrocarburos es para beneficiar a las nueve comunidades del Distrito 11. Sin embargo, advierte que otros dirigentes pretenden crear una nueva comunidad, han presentado una nota formal para desvincularse de la subcentral campesina y a partir de ello se conformó otra directiva que fue reconocida por el ente matriz campesino.

“Ahora el tema de esta división, es meramente interés económico por el tema petrolero”, señaló Ramos, a tiempo de explicar que este grupo de personas se está agrupando con otras, para en fecha 5 de abril dar “un golpe” al ejecutivo de la Central de Campesinos de Padcaya, acusándole de dividir a la comunidad de San Antonio, cuando ellos fueron quienes habían solicitado desvincularse de la subcentral.

En esa línea, Ramos recordó que el pasado 23 de marzo, cuando se realizaba el Censo de Población y Vivienda, se secuestró a representantes del INE en la zona de Churumas.

“Antes nunca había comunidad de Churumas, esa gente pertenece a la comunidad de El Cajón, que ahora, por intereses económicos, se han ido a armar una casuchita con una carpita, y se han hecho censar ahí y le han obligado al joven censista a poner Comunidad Indígena Churuma, todo por interés económico de las petroleras”, expuso.

En lo que respecta al caso de la comunidad de Urucurenda, Ramos mencionó que el gobernador, Oscar Montes, determinó revocar la personería jurídica, esto tras haber hecho una visita in situ y constatar que no vive nadie.

“Pero ahora le han seguido un proceso penal por discriminación, el Gobernador debe estar yendo a Padcaya cada vez para responder este proceso penal por discriminación, porque dicen que sí existe la comunidad. Ahora de esos 24 que le han iniciado proceso al Gobernador, 18 son comunarios de San Antonio, pero ellos firman la demanda como si fuesen Comunidad Indígena de Urucurenda”, explicó.

Cabe recordar que la semana pasada, Maximiliano Quezo, dirigente de la comunidad de Urucurenda, con documentación en mano, mostró una personería jurídica otorgada en la gestión 2008 por la Gobernación de Tarija en la que la reconocen como comunidad campesina.

Quezo aclaró que no se trata de una comunidad fantasma, ni que tampoco están estafando al Estado, atribuyó esta campaña de desinformación a José Gutiérrez, Germán Mamani y Edwin Retamozo, dirigentes afines a las petroleras.

Vía: EL PAÍS

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