El presidente de la estatal petrolera YPFB, Armin Dorgathen, anunció que en los próximos días la ciudadanía boliviana podrá conocer los datos oficiales sobre las reservas de hidrocarburos del país durante los años 2022 y 2023. La última publicación de datos de las reservas probadas fue en agosto de 2018, con datos a diciembre de 2017, cuando el país contaba con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.
“Estamos evaluando, como bien lo mencioné, ya en estos días deberíamos estar dando los resultados. Vamos a tener el resultado de diciembre del 2022, el resultado de diciembre del 2023, de igual manera. Ya para la primera semana de abril deberíamos estar con (los datos) las reservas del 2023”, indicó Dorgathen en conferencia de prensa realizada este domingo en Santa Cruz.
La Ley No. 3740 señala que YPFB, mediante licitación internacional, debe contratar empresas especializadas para certificar el nivel efectivo de las reservas hidrocarburíferas en el país y debe publicar los resultados hasta el 31 de marzo del próximo año. Esta operación debe realizarse cada año. Sin embargo, desde hace más de cinco años no se conoce el volumen real de las reservas, lo que es permanentemente cuestionado por legisladores de la oposición.
“Estamos evaluando los resultados, también como YPFB, para poder entender qué es lo que ha pasado con las reservas y estamos haciendo un análisis bastante exhaustivo que lo vamos a presentar en su momento ya a la población, yo creo que en estos días”, agregó el presidente de YPFB.
Pedido de informe
Diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), anunciaron, hace un par de semanas, que investigan las razones por las que no se publicaron las certificaciones de reservas de los años 2022 y 2023. YPFB posee los resultados de los estudios realizados por dos empresas consultoras internacionales y habría erogado $us 900 mil de sus cuentas fiscales.
En esa oportunidad, el diputado Alejandro Reyes dijo a EL DEBER que la bancada de CC solicitó una petición de informe oral para que el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, explique las razones por las que no se publicaron las certificaciones y los procesos de contratación de las consultoras Ryder Scott (2022), a la que se pagó $us 475 mil -inscrito en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes)-, y DeGolyer & MacNaughton (2023), a la que se habría pagado $us 425 mil por invitación directa y sin licitación.
“Se ha pedido primero la publicación de la certificación de reservas y, por supuesto, lo hemos hecho exigiendo también la renuncia del presidente de Yacimientos (YPFB) que claramente estaría vulnerando la normativa”, indicó Reyes al mencionar que la fecha para el informe oral de Molina está prevista para el 20 de marzo y, en caso de encontrarse responsabilidades, se tomarán debidas las acciones por incumplimiento de deberes y posible daño económico al Estado.
Consultado al respecto, el presidente de YPFB negó se estuvieran ocultando los datos, diciendo que se los va a presentar. “Simplemente que hay que dar los resultados y los números de una forma responsable, no solamente publicarlos en una página web. Hay que darle una explicación a la población de cómo ha sido la evolución de las reservas, ir explicando qué son las reservas, qué son los recursos que tenemos como país, qué es lo que se está haciendo y cómo se va a lograr revertir una situación del gas y cómo estamos trabajando para revertir esta situación”, agregó.
Según los Estados Financieros de YPFB, a 2022 Bolivia habría contado con 6,71 TCF de gas natural, pero no menciona a ninguna empresa consultora como fuente, ni aclara que se trate de datos derivados de una certificación internacional.
La declinación de las reservas y disminución de la producción afecta negativamente a la economía boliviana, considerando que el gas fue durante muchos años el principal producto de exportación y ha impactado negativamente en los ingresos por IDH a las diferentes regiones del país.
Vía: El Deber
